Pensión no contributiva

Cuando hablamos de los impuestos o de la tributación, decimos que son los pagos que hacemos al Estado en virtud de los bienes, servicios o actividades que desarrolamos. Por ello, como garante del bien común y el uso público, se nos requieren una serie de pagos o contribuciones. Sin embargo, y en tanto en cuanto ese equilibrio entre Estado y ciudadano debe ser recíproco, existen una serie de “préstamos” que van en dirección contraria: desde el Estado hacia el ciudadano.

Estos pagos son conocidos como prestaciones. Existen varios tipos de la misma, y pueden venir por muy diferentes motivos. Para ello, la Administración Pública se vale de una serie de agentes que regulan y vigilan a quién y en qué circunstacias debe otorgar ese dinero. A nivel genérico, diremos que el Estado distingue entre dos grupos. Éstos son los contribuidores, y los no contribuidores. Obviamente, en ambos casos se pueden dar situaciones en las que haya personas que necesiten esa ayuda, esa prestación.

En el caso del primer grupo, aquéllos que contribuyen a la Seguridad Social, cuando se dan las circunstancias y requisitos exigidos, reciben la denominada pensión contributiva. En el caso que nos ocupa, la pensión no contributiva, es la que reciben las personas aun sin ser contribuidoras. Una vez presentado el escenario, vamos a ver cúales son los motivos que deben darse para que este tipo de pensión o ayuda se haga efectiva.

Comenzamos distinguiendo entre dos grandes bloques de beneficiarios. El bloque de la pensión no contributiva por invalidez, y el de la de jubilación. En el primero de ellos, el Estado reconoce y aporta una ayuda económica a las personas que, precisamente por su estado de invalidez, precisan de una ayuda económica. Esta ayuda, además de un montante líquido, incluye la asistencia médica, la farmaceútica y la de los servicios sociales. Este último punto es muy importante, ya que se trata de vital necesidad para quienes reciben la prestación. Se trata de agentes sociales que acuden y visitan a los beneficiarios, ayudándoles, acompañándoles y estando pendientes de que puedan valerse. Asimismo, en muchos casos les ayudan a administrar la ayuda.

Para acceder a esta ayuda, hay que ser español o, sin serlo, residir aquí habitualmente, padecer una minusvalía igual o superior al 65% y tener entre 18 y 65 años. Este grado de invalidez implica un severo trastorno en la movilidad, de ahí su especifidad. Cuando la minusvalía supera ya el 75%, esta ayuda es mayor al necesitar otra persona para poder llevar a cabo su vida cotidiana. Es lógico, por tanto, que el Estado se haga cargo de este tipo de situaciones, en tanto en cuanto debe ser garante de todos los españoles. Por otro lado, y aparte de la invalidez específica ya comentada, la pensión no contributiva de invalidez puede venir dada también por falta de ingresos. Por estricta necesidad económica puramente.

La cantidad a partir de la cual se estableció para 2013 la prestación no contributiva por falta de ingresos, es de 5108 euros anuales. Es decir, cualquier persona cuyas rentas disponibles le reporten menos de esa cantidad, puede solicitar esta ayuda. Del mismo modo, existen otras cantidades estipuladas si vive con más de una persona de su familia, distinguiendo entre primer y segundo grado de parentesco en cuanto a las cantidades. Al entenderse como habitual la convivencia entre padres e hijos, en este caso la cantidad a partir de la cual teniendo rentas mínimas se cobra la prestación, es mucho mayor.

Ya vistas las pensiones no contributivas por invalidez, vamos con las de jubilación. Esta ayuda va destinada a aquellas personas en situación de jubilación que no han cotizado lo suficiente como para tener una ayuda contributiva. De nuevo aquí vemos dos posibilidades: que sea entregada por estrictas razones de jubilación, o bien por razones económicas. Las económicas se rigen bajo las mismas cantidades vistas anteriormente, sólo que en este caso se trata de personas con más de 65 años. La propia ayuda de jubilación, por su parte, tiene como requisitos: tener más de 65 años y residir en España, habiéndolo hecho durante 10 años consecutivos al menos antes de pedir dicha prestación. En todos los casos, la prestación no contributiva no puede ser inferior a 1277,15 euros anuales, siendo incompatible cobrar ambas ayudas. Por último, el mayor o menor nivel de prestación, dependerá del informe que los órganos sociales determinen.

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