La ley de Costas o como la playa no es de todos

La ley del Partido Popular, en primer lugar, rebajó el margen de los terrenos considerados como de dominio público, reduciendo la llamada Zona de Servidumbre de Protección de cien a 20 metros.

Ocho años de gobierno no fueron suficientes y la Ley de Costas que preparaba el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se quedó literalmente en el limbo (bueno, no tanto pues también la existencia de este lugar fue eliminada por el Papa Benedicto XVI). Quizá por que había otras cosas más importantes que atender, o quizá por que había que echarle mucho valor a aprobar una norma que pretendía acabar con el uso y abuso de forma privada de una parte del territorio español que está calificada como de dominio público.

Es la propia Constitución la que reconoce que el litoral (las playas, el mar territorial y la zona marítimo-terrestre) son de dominio público, es decir, que pertenecen a todos los españoles. Pero es el gobierno el que debe delimitar hasta dónde alcanza dicho dominio público, más aún cuando el litoral es una de las zonas más pobladas.

Tras el cambio de gobierno, al Ejecutivo del Partido Popular le faltó tiempo para reformar la norma y aprobar una nueva Ley de Costas que derogaba la vigente desde 1988. Uno de los puntos fundamentales de la nueva ley era probablemente el que más polémica había creado en el texto preparado por el gobierno de Zapatero. Según ese texto, unas 45.000 viviendas debían ser demolidas por haber sido construidas en terrenos de dominio público que se estableció en cien metros. Es decir, demasiado cerca del mar. Como la ley vigente databa de 1988, el Estado concedió 30 años de usufructo (ampliables a 60) a los dueños de las viviendas levantadas en dichas condiciones antes de aprobar la norma.

La ley del Partido Popular, en primer lugar, rebajó el margen de los terrenos considerados como de dominio público, reduciendo la llamada Zona de Servidumbre de Protección de cien a 20 metros. Pero, además, revisó los plazos de la concesión ampliándolos a 75 años, por lo que salvó de la demolición a más de 25.000 viviendas y 1.200 industrias levantadas en el litoral antes de 1988. Por supuesto, no se permiten nuevas construcciones en la zona del litoral protegida (faltaría más), pero sí facilita la compra venta de los inmuebles, algo que antes no era posible llevar a cabo.

Un vistazo a cómo se ha construido en la costa española, sobre todo en el área mediterránea, debería ser suficiente para comprobar la conveniencia o no de la nueva Ley de Costas. La reducción a solo 20 metros de la Zona de Servidumbre de Protección evidencia que se da carta legal de naturaleza a buen número de construcciones que aprovecharon el vacío legal existente antes de 1988, sin contar las posibles consecuencias que pueda tener el anunciado cambio climático sobre las poblaciones españolas que se asoman al mar. Aunque poco se puede esperar cuando hay piscinas en plena orilla que, a pesar de su inconveniencia, no son demolidas y se retuerce la norma para que sigan siendo de uso y disfrute privado.

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