Corrupción

Uno de los acontecimientos que más enfurece a los ciudadanos de una sociedad consiste en el engaño y la manipulación de los gobernantes de un territorio hacia ellos. La corrupción en España se ha convertido en un asunto de discusión nacional y, un tanto, peliagudo provocando la indignación de muchos individuos.

Como personas de la talla de Luis Bárcenas (extesorero del Partido Popular). Francisco Correa Sánchez (empresario y líder de la trama Gürtel dentro del seno del Partido Popular). O el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Enrique Camps Ortíz, que dimitió tras la presión a la que se sometió durante un período de tiempo por el supuesto recibimiento de regalos públicos procedente de la trama Gürtel, han desarrollado, en teoría, acciones ilegales (unos ejecutados y otros pendientes de la sentencia del juez).

Estas tres muestras de actos han sido calificadas como muy graves integradas en el marco de la historia moderna de España (desde que se aplicó la Constitución Española). Pero, no han sido los únicos. Han existido otros casos de comportamientos ilícitos durante estos años sin adquerir la misma repercusión que los anteriores. Operación Malaya (en Marbella) o los supuestos gastos extraordinarios y actividades de blanqueo de dinero, entre otros delitos, que cometió el expresidente del Partido Popular en Baleares, Jaume Matas.

El fin de la corrupción política es el mismo pero la trascendencia es diferente si se investiga un asunto prohibitivo de un partido político autonómico respecto al Gobierno Central, siendo este último que posea un mayor alcance. En teoría, es lo que está ocurriendo, actualmente, en España. El exsenador onubense, Luis Bárcenas, mostró en sus escritos al juez Ruz cantidades de dinero que recibió el Presidente de Gobierno en negro, entre otros militantes. Por el momento, el máximo mandatario es presuntamente inocente hasta que la Justicia dictamine lo contrario.

La multinacional Transparency International elaboró un informe en 2013 que se publicó en los primeros días de diciembre y, el objeto a estudiar consistió en analizar cuál es la tasa de corrupción que muestran 177 puntos geográficos distintos entre sí. El índicador que examinó esta variable se denominó Índice de Percepción de la Corrupción. El resultado comienza con el 0 (significa que un territorio está altamente adulterado) y finaliza en el valor número 100 (concluye que el lugar es estable y no posee ningún acto delictivo).

El estudio presenta que las regiones de Dinamarca (91 por ciento); Nueva Zelanda (91 por ciento); Finlandia (89 por ciento); Suecia (89 por ciento); Noruega (86 por ciento); Singapur (86 por ciento); Suiza (85 por ciento); Holanda (83 por ciento); Australia (81 por ciento) y Canadá (81 por ciento) son las zonas más ‘legítimas’ por los Gobiernos que les representan.

En contra, en el polo opuesto se sitúan Yemen (18 por ciento); Siria (17 por ciento); Turkmenistán (17 por ciento); Uzbequistán (17 por ciento); Iraq (16 por ciento); Libia (15 por ciento); Sur de Sudán (15 por ciento); Sudán (14 por ciento); Afganistán (8 por ciento); Corea del Norte (8 por ciento) y Somalia (8 por ciento). En la mayoría de estos países, los Gobiernos han inducido la existencia de una dictadura militar (Corea del Norte), han salido de un proceso autoritario impuesto desde hace años (Libia) o los delegados políticos pertenecen a una célula terrorista como Al-Qaeda (Somalia).

España aparece en la posición número 40 (59 por ciento). Resulta paradójico que regiones como Botsuana (ocupa el lugar 30 con una tasa de un 64 por ciento) o Bután (se sitúa en la lista en el puesto 31 con un índice de un 62 por ciento) adquieran un porcentaje menor de corrupción que en España.

De los 17 Estados miembros que conforman la Eurozona (se comercia con la moneda euro), la primera beneficiada que se manifiesta en el ranking es Alemania. Integrada en el puesto número 12 (79 por ciento), seguida de Bélgica (75 por ciento) e Irlanda (72 por ciento).

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