Concurso de acreedores

El concurso de acreedores es una figura jurídica de relativo nuevo cuño, ya que surge en el año 2003 para agrupar los anteriores estados de suspensión de pagos y quiebra. De hecho, a través del concurso de acreedores se ha dado salida a la mediación judicial de las situaciones de insolvencia (cuando una persona física o jurídica es incapaz de afrontar todas sus deudas)tanto de empresas como de particulares a través de un mecanismo único.

En sí el proceso de concurso de acreedores es sencillo de entender. No es otra cosa que intentar poner de acuerdo a aquellos a quien la empresa o persona debe dinero sobre la manera en la que se saldarán las deudas. En el concurso de acreedores deben personarse todas aquellas personas (o sus representantes) de las que la empresa o el particular es deudor, ya sean proveedores, trabajadores, entidades financieras e, incluso, accionistas. El concurso implica por lo general quitas en las deudas que la empresa ha contraído y, por tanto, pérdidas para aquellos a quienes se debe dinero.

Por su parte, el procedimiento voluntario es aquel por el cual el propio empresario, en previsión de entrar en una situación de insolvencia, solicita a la autoridad judicial inicar el procedimiento de concurso de acreedores. La ley estipula que para que el concurso sea voluntario éste debe ser solicitado por la empresa bien cuando la situación de insolvencia es previsible (por pérdida de un contrato, por un brusco descenso de ingresos, por un accidente que puede implicar una parálisis en el negocio) y aún no se han producido impagos o en los dos meses siguientes al momento en que se reconoce la situación de insolvencia.

Si son los acreedores quienes solicitan al juez el concurso de la empresa, algunas de las ventajas que tiene el procedimiento voluntario para el empresario desaparecen. Por ejemplo, en caso de concurso forzoso se debe investigar si la gestión de la empresa es punible y si el empresario debe hacer frente a las deudas, incluso con su patrimonio personal.

Evidentemente, los trabajadores son parte interesada en un concurso de acreedores voluntario, más aún si se da el caso de que la empresa no les haya pagado algunas de las nóminas anteriores a la fecha en que solicitó la intervención. Esta situación, por desgracia, no es del todo inusual.

La situación de concurso puede conllevar una reducción de plantilla a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Por ello, los trabajadores deben seguir yendo a su puesto de trabajo, aunque la empresa esté inmversa en el proceso de concurso, para evitar un posible despido justificado que no daría derecho a indemnización. Mientras la empresa cuente con la posibilidad de seguir abonando los salarios, el administrador judicial impuesto por el juez en el marco del concurso de acreedores seguirá pagando las nóminas.

En caso de que la empresa no tenga liquidez para hacer frente a los pagos, es posible que se ponga en marcha un ERE. En los casos de ERE que tienen lugar durante un concurso de acreedores, la negociación del mismo y su ejecución suele ser más rápida que en condiciones normales, por lo que el trabajador podrá acceder a la prestación por desempleo en un plazo de tiempo más corto, además de a la indemnización por despido establecida en el expediente.

Para obtener la indemnización, el trabajador afectado por el ERE debe solicitarla a través del Fondo de Garantía Social (FOGASA) dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A partir de la formalización del ERE, el trabajador tiene un año para solicitar la indemnización ante el FOGASA.

En los casos en los que a los trabajadores se les adeuden salarios, estos deben presentarse al concurso de acreedores como tales. En un plazo de un mes desde la publicación oficial de la situación concursal de la empresa, los empleados deberán notificar esta deuda al administrador que el juez imponga a la empresa para que este la tome en consideración.

Hay que señalar que los trabajadores de una empresa en situación concursal pueden verse desprotegidos ya que deben intentar mantenerse en su puesto laboral aun cuando no perciban sus salarios e, incluso, sabiendo que existe la posibilidad de que pierdan su empleo si se lleva a cabo un ERE.

No obstante, también es cierto que el procedimiento de concurso de acreedores no siempre es la antesala a la liquidación de la empresa, sino que, en ocasiones, sirve para afrontar una situación difícil para la misma. Si la empresa consigue reestructurar sus deudas y volver a ser solvente es la mejor solución para todos ya que los trabajadores podrán conservar su empleo y el negocio seguirá adelante.

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